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sábado, 19 de junio de 2010

Adopción y Unión entre homosexuales. L.N. de Buenos Aires

Es sabido que, tras la pretensión de desnaturalizar el matrimonio incorporando la unión homosexual a él, vendrá el intento de legalizar la adopción de menores por los "contrayentes", como los llama alguno de los proyectos de ley. Y este intento de remedo de matrimonio y de supuesta vocación adoptiva vale tanto para la unión homosexual, que algunos proponen como un nuevo instituto, como para la pretendida y equivocada asimilación al matrimonio.

En cualquiera de los casos, los "contrayentes" aspiran a adoptar niños y criarlos. El tema ha despertado fuertes polémicas.

No es para menos. Estudios norteamericanos a cargo de expertos en ciencias del comportamiento de la Universidad de Carolina del Sur llegaron a la conclusión de que los menores que viven y son criados por parejas homosexuales han padecido fuertes emociones, como miedo, inseguridad, ansiedad, aprehensión, vergüenza y enojo al tratar de esconder o negar la homosexualidad de los "padres, molestarse por recibir sobrenombres dolorosos y alteración de sus amistades".

Afirman también que ya existen conclusiones científicas sobre la mayor probabilidad de que los niños en cuestión desarrollen una tendencia a la homosexualidad, teniendo en cuenta que los niños tienden a imitar y copiar los roles de vida de sus padres. Testimonios recientes exponen la resistencia de padres biológicos a que sus hijos sean formados en la idea de que el "matrimonio" homosexual es igual al matrimonio heterosexual.

Siempre hemos pensado que la recta formación psicológica y afectivo-sexual de un niño requiere la acción conjunta de elementos referenciales femeninos y masculinos; que la influencia determinante de una pareja heterosexual produce un impacto positivo en el imaginario infantil y adolescente y aporta un valioso modelo de ejemplaridad sobre todos los miembros de la familia.

La idea de que los niños son "cobayos" con los cuales se puede justificar cualquier experiencia es, sin duda, violatoria de nuestras leyes y de la Convención de los Derechos del Niño. Lo que esta pretensión adoptiva olvida es que se está violando el verdadero fin y objeto del instituto de la adopción, que es el interés del menor por adoptar, y que además, como se ha dicho, se lo está privando de la riqueza de la diversidad sexual en su crianza y educación. Este daño es imposible de medir, pero de una evidencia incontrastable.

Los argumentos pseudoprogresistas, de que ello importa una discriminación o un prejuicio ideológico o religioso, no resisten el análisis del sentido común. El niño es el centro de la adopción, no los padres, y nadie discute que, con la posibilidad de elegir, el niño o quien lo represente (el Estado, por caso) no debe elegir un hogar homosexual, pudiendo elegir una pareja heterosexual.

El niño se merece una familia, y recientemente hemos señalado desde estas columnas el escándalo de que hay 6000 familias heterosexuales, en espera para adoptar, y no pueden hacerlo por trabas burocráticas e ideológicas.

Lo que aquí señalamos no va en desmedro, por supuesto, de la dignidad esencial de todas las personas en relación con la libre elección de su orientación sexual y del modo de canalizarla.

Pretendemos señalar que, simplemente, cuando se trata de convalidar una adopción legal, nada puede importar más que el supremo interés de ese niño o niña a ser adoptado. Y es sólo desde esa preocupación por el niño que la cuestión debe ser analizada, ya que de ningún modo está demostrado que la vida con padres homosexuales vaya a resultar inocua para su formación.

Los legisladores debieran centrar su atención en la niñez argentina, no en los deseos de mayores de edad que han elegido libremente una unión homosexual ni mucho menos atenerse a conveniencias políticas, desvaríos ideológicos o pseudoargumentos de supuestas discriminaciones, a todas luces inexistentes.

De aprobarse por ley el casamiento homosexual, al no presentar problemas para determinar la filiación por considerarse imposible la reproducción entre personas del mismo sexo, podría habilitarse ese tipo de uniones para más de dos personas.

Por disparatada que parezca esta idea, sugerida en una carta de lectores publicada en este diario, no es inválida. Aquellos que no pueden casarse, en ese caso, podrían sentirse discriminados.

La única forma de que no haya discriminación sería que el casamiento homosexual permita la unión de dos o más contrayentes. De ser así, por la teoría del absurdo, el casamiento heterosexual debería seguir la misma senda, sin un número limitado de contrayentes.


miércoles, 16 de junio de 2010

El Dia puntualiza muy bien todo lo que debería comprender:
un verdadero diálogo de respeto mutuo entre Presidente y Gobernador

La ciudadanía siempre ha rechazado la confrontación y desde ya, celebra que Evo Morales y Rubén Costas, los íconos de la polarización política de los últimos años, al menos se sienten uno frente al otro, sin mediadores, sin insultos ni amenazas. Sin embargo, resultaría ingenuo asegurar que se ha iniciado una etapa de diálogo para la búsqueda de entendimiento sobre los temas que han generado tantos enfrentamientos, con muertos, encarcelamientos, persecuciones y una desproporcionada guerra judicial.
El contexto en el que se han dado los dos encuentros entre Evo Morales y Rubén Costas, pueden hacer pensar en un simple artilugio mediático, destinado a mejorar la imagen del Primer Mandatario, que comenzó a deteriorarse desde mucho antes del 4 de abril, proceso que empeoró con los conflictos salariales del mayo, los extravagantes discursos, la exacerbación de su espíritu viajero y, lo más grave, resumido en dos palabras: Uncía y Caranavi.
Pero el factor que tal vez ha causado mayor impacto en el desgaste oficialista ha sido su infinita avidez por el poder, que lo ha llevado a ejercitar el autoritarismo hasta límites intolerables y a violar preceptos democráticos elementales que, sin duda alguna, han causado un fuerte desengaño en las capas medias de la ciudadanía boliviana que se inclinaron masivamente por candidatos opositores el 4 de abril. Pero ese acaparamiento no ha terminado y peor aún, tienden a perfeccionarse los mecanismos destinados a consolidar una autocracia en el país.
El lunes, antes de que Rubén Costas reciba una llamada del Ministro de la Presidencia informándole que debía recibir a Evo Morales en Santa Cruz, el gobernador estuvo quejándose de las maniobras que está ejecutando el MAS para darle un golpe a la Asamblea Legislativa Departamental y hace unos días criticó duramente las intenciones intervencionistas que existen detrás de la posesión del ex ministro Quintana en una nueva repartición pública. Mientras tanto, las incursiones abusivas e ilegales del fiscal Soza se mantienen; el Gobierno busca pisarle la cabeza a una empresa emblemática de Santa Cruz; está en vigencia la famosa “ley corta” inconstitucional que amenaza con tumbar a gobernadores y alcaldes opositores en todo el país y en el Congreso avanzan sin pausa normas que buscan limitar aún más las libertades en Bolivia y eliminar las garantías de la participación política.
No se trata de seguir atrincherados ni mucho menos. El hecho de que se reúnan, insistimos, es una gran señal, pero es imposible, en las actuales circunstancias hacer un borrón y cuenta nueva, porque todos los opositores en el país, y también Costas, por supuesto, se encuentran frente a una armadilla lista para dispararse. Ni el presidente Morales está en condiciones de ofrecer confianza porque su régimen ha sido diseñado para no dejar que nadie levante cabeza, ni Costas puede asumir una posición de representatividad de toda la oposición, porque muy cerca de él hay gobernadores y alcaldes que están con una espada de Damocles en sus espaldas. A menos que los interlocutores del presidente asuman de una vez por todas frente a la población que han dejado de ser oposición o han claudicado en la defensa de principios. De cualquier forma eso tampoco es garantía de la indulgencia oficialista.

Evo Morales no ofrece garantías de diálogo y entendimiento mientras siga en marcha su aparato que elimina las libertades políticas.

martes, 15 de junio de 2010

así opera la llamada "justicia comunitaria" o el retorno de la barbarie

Los pobladores de Llanga Belén, a 120 kilómetros de La Paz, chicotearon y expulsaron a una familia de su poblado en aplicación de la justicia comunitaria. Los acusan de varios delitos y asumieron esta decisión ante la ausencia de la justicia ordinaria.

La Asamblea Originaria del poblado aprobó, el 12 de junio, un voto resolutivo que establece el “destierro” de la familia de Anastasio Marca Mancilla y de sus hijos Bernardo, Orlando y Ramiro.

Los pobladores los acusan de tentativa de homicidio, usurpación de terrenos, violación de los usos y costumbres, agresiones físicas y psicológicas, infamia, injuria, difamación y calumnia, intimidaciones, robo y otros delitos.

Federico Mamani, secretario de Actas de Llanga Belén, aseguró que el plazo de 30 días —que se dio a la familia Marca para que se vaya— se cumplió. Por tal razón, las autoridades originarias se reunieron para hacer cumplir la disposición. “Hoy (ayer) se cumple el plazo. Por esa razón nos reunimos para dar cumplimiento al voto resolutivo y desterrarlos”, declaró Mamani quien, además, dijo que “desde hace cinco años comenzaron a ultrajar a la gente humilde, al usurpar terrenos y realizar amenazas de muerte”.

El dirigente campesino aseguró que asumieron la decisión de aplicar la justicia comunitaria ante la ausencia de las autoridades judiciales. Explicó que presentaron el voto resolutivo al Viceministerio de Justicia Originaria y Campesina, a la Fiscalía de Sica Sica y a la Policía de Patacamaya.

Sin embargo, hasta la fecha los comunarios no obtuvieron respuesta, considerando que el poblado se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de La Paz y a 20 kilómetros de Patacamaya. El acto del cumplimiento de la resolución se realizó ayer por la mañana en la plaza de la población. Las autoridades originarias llegaron a Llanga Belén. A la reunión también asistieron los integrantes de la familia denunciada.

Anastasio y su familia llegaron hace cinco años a la comunidad. “Nosotros los aceptamos, porque es hijo adoptivo de un comunario, sabiendo que tenía problemas con la justicia. Entraron a la cárcel de San Pedro acusados de cogoteros”, dijo el dirigente Federico Mamani.

Indicó que no los iban a matar o quemar. “Vamos a aplicar la verdadera justicia comunitaria, que implica su destierro”.

En su defensa, Anastasio Marca declaró que su familia no podía irse. “Eso (el destierro) no está en la justicia comunitaria o en la nueva Constitutión Política (CPE), que dice que no se puede coartar el derecho a la vida y al trabajo”.

Además, aseguró que sus terrenos son propiedades privadas y “no podemos estar bajo el capricho de la gente”. Respecto a las denuncias, explicó que “nos hicieron un proceso y está en la Fiscalía. Esperamos la acusación respectiva”.

Tras las declaraciones, los comunarios se enfurecieron e hicieron escapar a toda la familia. Una de las pobladoras declaró que Anastasio Marca, en su fuga, dejó caer un arma de fuego (revólver). Eso molestó más a los campesinos. El enojo llegó a tal punto que detuvieron a uno de sus hijos. “Ahora (ayer por la noche) está en la sede de la plaza. Lo agarraron porque la gente estaba molesta y le comenzaron a pegar”, dijo la vecina del lugar, quien no dio su nombre para evitar represalias. El Corregidor también fue golpeado por los comunarios al intentar defender a la familia.

Resolución Originaria

La Asamblea Originaria, en virtud de la jurisdicción indígena originaria campesina, aprueba:

Primero.- Según los procedimientos de la comunidad de acuerdo con la costumbre, derecho propio, derecho consuetudinario, se sanciona con la máxima pena (DESTIERRO) a la familia Anastasio Marca Mancilla y sus hijos: Ramiro, Orlando y Bernardo, principalmente.

Segundo.- Se establece contundentemente e irrevocablemente un plazo de 30 días para que salga de la comunidad de Llanga Belén.

Tercero.- Las autoridades deberán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado para el cumplimiento de la resolución originaria de la Asamblea Originaria. (Aprobado el 12-05-10)

lunes, 14 de junio de 2010

Ahora empieza lo serio. Veremos si la Fiscalía actúa

Denuncian penalmente a ministro de Gobierno y Gral. Nina por caso Uncía

La Bancada de Unidad Nacional en la Cámara de Diputados presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el comandante Nacional de la Policía, Gral. Oscar Nina y los comandantes departamentales de Potosí y Oruro por el caso del linchamiento de cuatro efectivos en Uncía. (El texto es de Fides Digital)

Los delitos por los que se acusa a las autoridades son: omisión, incumplimiento de deberesy encubrimiento. El diputado del Unidad Nacional, Jaime Navarro, en representación de su Bancada fue el encargado de presentar esta denuncia.

“Esperemos que la Fiscalía actúe con claridad, corrija el accionar que hemos estado viendo hasta ahora, porqué hoy día la Fiscalía nos ha dado la sensación de que no están actuando con claridad, hay una mano temerosa ahí, esperemos que esta denuncia nos permita encaminar la acción legal y sea rápida”, señaló el diputado.

Navarro explicó que se presentó dentro de los documentos de la denuncia el certificado de defunción delsuboficial Nelson Alcocer, en el cual se certifica que la muerte del efectivo fue el 30 de mayo, seis días después que fallecieron sus camaradas y en plena negociación del Gobierno con los campesinos de Uncía.

Precisamente esta jornada en Oruro, el fiscal Alfredo Santos hizo conocer un detallado informe sobre la data de muerte de los policías y se ratificó que el policía Alcocer falleció varios días después del fallecimiento de sus camaradas.

“Respecto al suboficial Nelson Alcocer se tiene como conclusión, la misma practicada por la doctora Vilma Gabriel, como conclusión causa de muerte: traumatismo craneoencefálico y traumatismo facial, fractura base de cráneo, hemorragia interna, edema cerebral, data de muerte: entre tres a cinco días (antes del rescate de los cadáveres)”, señala el informe.